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La Junta de Andalucía ve negativo el plan de la sardina al reducir el 35% la cuota

La Junta de Andalucía ha valorado negativamente el plan de pesca de la sardina al reducir un 35% la cuota. Así, las embarcaciones de cerco podrán capturar en una primera fase 978 toneladas. El consejero de Pesca insta al Gobierno a remitir a la Comisión Europea el programa definitivo

 

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha definido como “negativo para Andalucía” el plan de gestión, pendiente de ratificación por parte de la Comisión Europea, para la pesca de la sardina ibérica, ya que de aplicarse en sus actuales términos supondrá una reducción de hasta el 35% de las posibilidades de pesca para la flota andaluza. Asimismo, ha instado al Gobierno central a que remita cuanto antes a Bruselas el plan de gestión consolidado, tal y como ha solicitado por carta el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, para la aprobación definitiva del documento presentado conjuntamente por España y Portugal.

Sánchez Haro valora que la Comisión Europea no apueste por un cierre indefinido de esta pesquería, tal y como llegó a barajarse, aunque cree que las cuotas previstas son “insuficientes” y suponen unas pérdidas “importantes” de derechos para Andalucía. El plan prevé para 2018 unas capturas de 14.600 toneladas para España y Portugal, de las que sólo están garantizadas las primeras 7.300 (que podrán pescarse hasta finales de julio), ya que las 7.300 restantes van a estar condicionadas a que el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES) certifique una recuperación del 10% de la biomasa con respecto a julio de 2017.

Pérdidas importantes

De estas cantidades, en la primera fase le corresponderían a Andalucía 978 toneladas frente a las 1.500 de 2017, lo que supone una reducción del 35%. En la segunda, que se desarrollaría a partir de agosto “si se dan unas condiciones que en principio no son fáciles de cumplir”, se volvería a contar con otras 978 toneladas de capturas frente a las 1.052 del año pasado, un 7% menos.

El consejero, no obstante, considera que el plan de gestión no cuenta todavía con el visto bueno definitivo de la Comisión Europea, que por ahora se ha limitado a avanzar que está de acuerdo con los términos planteados pero que la aprobación depende del documento final que remitan los gobiernos de España y Portugal. Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central que atienda cuanto antes la petición de las autoridades comunitarias, para así conocer con exactitud cómo queda una pesquería de gran importancia para Andalucía.

En este sentido, Sánchez Haro ha expresado su “preocupación” por la situación en la que puede quedar la flota de cerco del Golfo de Cádiz, “que ya resultó muy dañada al no ampliarse la cuota del boquerón por parte de Bruselas”. Desde su punto de vista, “el plan de la pesquería de la sardina tiene que ser sostenible, por supuesto, pero sin perder porcentajes”, ya que esto va a tener un importante impacto económico y social en una flota compuesta por 86 barcos y 830 tripulantes.

Según la Junta, este nuevo revés para la pesca andaluza se produce en un contexto negativo después de que en las últimas negociaciones pesqueras encabezadas por el Gobierno de España se perdieran porcentajes considerables de cuota de pesca de especies como la merluza (-12%) y el jurel (-24%). A esto se suma que las capturas permitidas para atún en Andalucía también quedaron muy lejos de lo esperado.

Los pescadores han valorado que la UE haya avalado el plan de gestión de la sardina ibérica propuesto por España y Portugal pero creen insuficiente la cuota prevista para este año.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, ha remarcado la importancia de que se haya dado luz verde a este plan porque permite mantener abierta la pesquería de la sardina, lo que conllevaba consecuencias socioeconómicas “muy graves”, así que califica de “muy positiva” esta decisión. No obstante, el también vicepresidente de Cepesca ha apuntado que la cuota establecida es “insuficiente” y supone una reducción de más de 2.400 toneladas respecto a la del año pasado.

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