Galicia

La colaboración entre todos los implicados en los descartes se juzga cada días más «imprescindible»

La colaboración entre sector, administración y científicos, imprescindible para mejorar la aplicación de la obligación de desembarque Prácticamente un año después de la entrada en vigor de la obligación de desembarque de todas las especies capturadas con TAC y cuota, el pasado 1 de enero, la aplicación de la normativa continúa siendo un motivo de preocupación para el sector. La Cooperativa del Mar Santa Eugenia de Riveira ha organizado el pasado 18 de noviembre una Jornada en la que representantes del sector, las administraciones pesqueras y los científicos han coincidido en la necesidad de colaborar para conseguir que el cumplimiento de esta norma no afecte a la
rentabilidad de la actividad pesquera.
“Aunque el objetivo es muy loable, la legislación no se adapta al sector y puede constituir una amenaza para su futuro”, ha advertido Mercedes Rodríguez, Directora Xeral de Pesca de la Xunta de Galicia. En su opinión no es fácil cumplir la obligación de desembarque “por la ineficacia del actual sistema de TACs de la Unión Europea que se basa en desembarques y no en capturas. En gran sol la captura de un kilo de bacalao cuando no se tiene cuota, puede
suponer el cierre definitivo de la pesquería”. La representante de la administración pesquera gallega ha recordado que “en Galicia en pesca fresca tenemos 270 especies pesqueras comercializadas. Eso quiere decir que a un pescador
gallego le repele, una vez capturado el pescado, tener que tirarlo al mar. Es un orgullo
encontrar salida comercial a todo lo que capturamos”, ha subrayado. “Pero eso no quiere decir que no necesitemos más cuotas o sacar del sistema de TACs y cuotas algunas especies. Debemos trabajar juntos para afrontar esta obligación de desembarco”.
FLEXIBILIDAD
Rafael Centenera, subdirector general de Caladero Nacional y de Aguas comunitarias del MAPA, ha destacado que la administración española ha conseguido cierta flexibilidad en la aplicación de la normativa, y que está trabajando para seguir avanzando en esta línea. “Hemos conseguido aplicar la flexibilidad interespecie a nivel de barco, para que no se quede ninguno fuera”, ha destacado. También ha insistido en la necesidad de que el sector y la administración vayan de la mano para lograr mejores resultados en Bruselas.
En Riveira, Centenera ha recordado que están reguladas tres tipos de excepciones a la obligación de desembarque: por alta supervivencia; de mínimis, por dificultades para mejorar la selectividad o para evitar costes desproporcionados; y por daños causados por depredadores. Las excepciones son evaluadas anualmente por el Comité Científico, Técnico, y
Económico de la Pesca (STECF-CCTEP) en base a los informes técnicos aportados por el estado miembro antes del 31 de mayo.
En este sentido Julio Valeiras, investigador senior del Centro Oceanográfico del I.E.O. en Vigo, ha señalado que “la colaboración del sector es fundamental para elaborar los informes técnicos para justificar las exenciones a la obligación de desembarque”. El científico ha explicado a los armadores presentes en la Jornada los estudios realizados en coordinación con la secretaría general de Pesca sobre mejora de la selectividad de los artes y la alta
supervivencia de determinadas especies, una vez capturadas, que una vez validados por Bruselas resultan en mejoras para el sector.
“Hay que hacer estudios específicos de cada pesquería porque no hay la misma selectividad para el descarte”, ha advertido J. Valeiras. “En arrastre de litoral, por ejemplo, se ha probado el panel de malla cuadrada; el arrastre de Burela ha experimentado con la malla de nudo atravesado de 90 mm, que facilita el escape de especies alargadas: merluza, jurel pequeño. También se han realizado pruebas con una rejilla que permite escapar a especies pelágicas como xarda o jurel”. El investigador ha subrayado que “cada especie tiene un comportamiento diferente y es muy difícil conseguir una red que evite los juveniles de todas las especies en pesquerías multiespecíficas”.

Valorización

Los descartes ofrecen muchas posibilidades de aprovechamiento una vez en tierra, pero tampoco es fácil desarrollar alternativas concretas. “En Galicia hay una industria transformadora muy potente para valorizar descartes, y es importante tenerlo en cuenta porque no siempre va a ser rentable invertir en una instalación específica en los puertos. Además, lo lógico es que el volumen de descartes tienda a disminuir”, ha apuntado Ricardo Pérez Martín.
Respecto a la legislación sobre la obligación de desembarque, el investigador del Centro Superior de Investigación Científicas se ha mostrado partidario de “forzar una mejor información sobre las capturas reales y después analizar cómo el sector puede ser sostenible desde el punto de vista biológico, económico y social”. Los descartes pueden ser utilizados para la fabricación de harinas y aceite de pescado, pero también para productos de mayor valor comercial como pastas de pescado, surimi, caldos y sopas, alimentos para mascotas o incluso productos farmacéuticos. Ricardo Pérez se ha referido al proyecto Iseas para la elaboración de músculo picado de pescado a base de descartes o especies de bajo valor comercial, como caballa, lirio o faneca. El resultado ha sido “un producto con una calidad organoléptica fantástica y una buena aceptación por la industria de transformación”.

Pero, como advierte el investigador, “cualquier proceso de transformación de descartes requiere analizar el volumen, el precio y las posibilidades de aporte continuado de la materia prima”. Por ahora y a falta de otras alternativas, según la normativa, serán las autoridades portuarias las encargadas de garantizar su recogida y tratamiento. A la Jornada sobre descartes ha asistido medio centenar de armadores de los puertos de Riveira, Portosín, y A Coruña. Se trata de la primera actividad realizada por la Sociedad Cooperativa del Mar Santa Eugenia tras su reconocimiento oficial como organización de productores pesqueros, la número 83. “Decidimos organizar esta jornada para analizar todos los aspectos que conlleva esta normativa porque afecta a la rentabilidad de las empresas; y hay que impulsar la colaboración entre el sector, la administración y los científicos para una mejor aplicación de la normativa”, ha subrayado María José Casais, directora gerente de la recién constituida OPP 83.

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