Noticia general

Cepesca en contra de las redes que comercializan de forma ilegal atún rojo

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha condenado de manera rotunda la actividad de importación y comercialización ilegal de atún rojo en nuestro país, después de que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), de la Guardia Civil, haya descubierto una trama, en el marco de Operación Tarantelo, que ha supuesto la detención de 79 personas, todas españolas, y la incautación de más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita. Cepesca también quiere expresar su agradecimiento a este cuerpo, así como a la Europol y a la Administración Española por esta iniciativa que pone de manifiesto el compromiso en la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero.

La Operación Tarantelo ha dejado al descubierto, según ha informado la Guardia Civil, una red que introducía anualmente en nuestro país más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal, proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, generando un beneficio de unos 25 millones de euros al año.
Además del perjuicio a las empresas que operan en este mercado con transparencia y dentro de la escrupulosa legalidad, esta operación, que aún sigue abierta, ha puesto de manifiesto diversas irregularidades higiénico-sanitarias en la conservación del atún pescado ilegalmente, como la ruptura de la cadena de frío en diversos puntos, con riesgo para la salud pública.
Cepesca ha ofrecido toda su colaboración, tanto a las autoridades españolas como europeas, para esclarecer y dirimir las distintas responsabilidades que correspondan, y desterrar del sector pesquero este tipo de conductas.
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “las prácticas ilegales son inadmisibles en nuestro sector, menoscaban la credibilidad de nuestros pescadores, tanto nacional como internacionalmente, y menosprecian el esfuerzo y el trabajo de la gran mayoría de las empresas pesqueras a favor de la sostenibilidad, la responsabilidad y la seguridad alimentaria”.

Desarticulado

Un grupo criminal, ya desarticulado por el Seprona de la Guardia Civil, logró hacerse con al menos 25 millones de euros de beneficio en un solo año con la comercialización ilegal de atún rojo, capturado de forma ilícita y sin control en aguas de Malta e Italia. Así lo pusieron de manifiesto responsables del Seprona, de Europol y de la Secretaría General de Pesca en una rueda de prensa celebrada en Madrid y que sirvió para dar cuenta de los detalles de la denominada Operación Tarantelo contra la comercialización ilegal de atún rojo y denominada así por una de las partes más jugosas del vientre del túnido.

El teniente coronel jefe de Operaciones del Seprona, Jesús Gálvez, explicó que la operación comenzó en el primer semestre de 2017 tras las informaciones de la Secretaría de Pesca y del sector de que se podría estar pescando ilegalmente atún en el Mediterráneo, obviando los controles y las cuotas impuestas por el ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico).

Tras diversas pesquisas se descubrió una red asentada en la Comunidad Valenciana, y la Fiscalía de Medio Ambiente, junto con el Juzgado número 3 de Picassent, abrieron diligencias para descubrir la trama, en una operación que culminó con 79 detenidos (todos españoles) y casi 50 registros de empresas distribuidoras y domicilios en diferentes puntos de nuestro país.La operación se llevó a cabo en doce provincias, entre ellas la de Cádiz, donde la Guardia Civil también considera que hay conexiones con esta red: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Huelva, Toledo y Madrid son las demás provincias.

Durante la explotación de la misma se han intervenido 80 toneladas de atún rojo, cerca de medio millón de euros en efectivo, vehículos de alta gama, joyas valoradas en más de 600.000 euros y documentación que se está analizando y que corresponde a la actividad del grupo en los últimos tres años. Según se comprobó en la investigación, los atunes rojos se pescaban en aguas de Malta e Italia y eran transportados hasta España, bien por el aeropuerto de Madrid (en este caso las capturas legales), bien por puertos hasta Francia y después por carretera en camiones hasta el Levante. Las empresas implicadas aprovechaban la parte legal de su actividad para introducir atunes pescados ilegalmente. Y lo hacían amparándose en facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de estos animales, procedentes la mayoría de los casos de granjas autorizadas, piscinas de engorde en que son introducidos los atunes para ir alimentándolos a base de sardinas y caballas sobre todo hasta que alcanzan la grasa idónea para su venta, una grasa muy demandad en el mercado asiático sobre todo por su costumbre de consumir el atún en crudo con elaboraciones como el tartar, tataki o sushi.

Gálvez explicó que por el aeropuerto madrileño entraban desde Malta 1.250.000 kilos con documentación legal, mientras que el que se comercializaba en negro doblaba esa cantidad.Si por cada kilo se obtenía un beneficio mínimo de 5 euros, este grupo criminal habría obtenido ilegalmente unos 12,5 millones de euros. Mientras, según los datos provisionales de lo analizado hasta ahora por los agentes del Seprona, en los cinco primeros meses de este año llegó de forma ilegal a España medio millón de toneladas de atún rojo procedente de Italia, con una ganancia ilícita de otros 12,5 millones de euros. El jefe de Operaciones del Seprona insistió en que en muchas ocasiones se rompía la cadena de hielo, los atunes no eran conservados debidamente, las proteínas se degradaban y se acumulaban las histaminas, que subían más de lo permitido.

Un peligro para la salud
De este modo, comerlo en ese estado puede provocar intoxicaciones, como la que sufrió un hombre que consumió atún comprado en Sevilla y que tuvo que ser hospitalizado.Las empresas comercializadoras –que mantienen una parte de actividad legal– distribuían el atún a mercados centrales y otros. En algunos casos, los compradores eran conscientes de su origen ilícito, pero en otros muchos lo ignoraban, con el riesgo que esto puede suponer para la salud.Gálvez no ofreció ayer nombres de empresas involucradas ni desveló si un alto cargo de Malta estaba implicado, y se remitió a las diligencias judiciales. No obstante, desde que el pasado mes de junio se produjeron las primeras detenciones y un juzgado de Valencia investigó como grupo criminal a seis de los detenidos, han sido varias las empresas que han sido relacionadas con este fraude, alguna de ellas muy conocida en la zona levantina.Mientras, la jefa de Inspección Pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Esther Boy, resaltó el control que se lleva a cabo por parte de los 120 inspectores repartidos por toda la geografía, y subrayó el acuerdo en esta materia con la Guardia Civil.

El doble de atún del permitido

También intervino en el encuentro con los medios de comunicación el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de Europol, el portugués Pedro Felicio, quien ha valorado la operación como una de las más importantes de la Guardia Civil y ha señalado que el crimen ambiental es hoy la mayor amenaza para los ciudadanos, por lo que combatirlo es una de las prioridades de la UE. Respecto al atún rojo, Felicio ha asegurado que se está pescando el 50 por ciento más de lo que sería legal, ha alertado de que en diez años esta especie puede estar en peligro de extinción y ha precisado que tendrá que incluirse en Cites (el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre).

La organización mantenía conexiones en diferentes provincias, entre ellas la de Cádiz
El estallido de la Operación Tarantelo provocó multitud de registros e investigaciones paralelas en diferentes puntos del país. Agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental se personaron en diferentes empresas para comprobar el grado de implicación en una trama con múltiples ramificaciones y que tenía su epicentro en la Comunidad Valenciana.
La onda expansiva del dispositivo de la Benemérita llegó hasta la provincia de Cádiz. El hecho de que uno de los principales investigados sea hermano de Ricardo Fuentes, que tiene la concesión de la almadraba de Barbate a medias con la firma Petaca Chico SL, hizo que hasta la localidad barbateña llegaran en el mes de junio agentes del Ucoma para registrar las instalaciones de la firma gaditana sin que se produjeran detenciones ni se paralizara en ningún momento la campaña atunera que en ese momento estaba en su punto más álgido. En principio las pesquisas continúan su curso, y el Juzgado de Picassent mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Tanto este juzgado como la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia quieren reunir todas las piezas de este rompecabezas y no sólo quedarse en los importadores del atún rojo desde Malta e Italia sino incluso a las personas encargadas de su distribución, no sólo por el territorio nacional sino también por otros mercados, como el asiático, el mayor consumidor de atún rojo del mundo.
Los almadraberos gaditanos llevan años denunciando la existencia de esta mala praxis con la que algunos quieren sortear las restricciones impuestas por el ICCAT metiendo un pescado que no cumple con los parámetros marcados por la Unión Europea. Este atún rojo es vendido en ocasiones a un precio menor, a clientes que no conocen su procedencia ilícita, lo que puede suponer un doble peligro

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