El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años.

El Gobierno español aprobará este marzo el primer proyecto de una amplia reforma de la Ley de Pesca que ha alertado al sector, tanto por las oportunidades que abre como por los recelos que genera ante el impacto de los cambios en la planificación empresarial.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años, que protagonizará la legislatura y que afectará al acceso a los caladeros, sanciones o protección del mar. El sector español de la pesca está compuesto por 8.884 barcos, genera 1.802 millones de euros y cerca de 32.000 empleos, según datos del MAPA correspondientes a 2019.

La ley ya fue revisada en 2014 por el Gobierno del Partido Popular; aunque aquella modificación fue «menor» en comparación con la que se avecina. Según el sector supuso un importante avance para blindar las penalizaciones a la pesca ilegal, prestigiar a España en ese terreno y promover actuaciones contra operadores ilícitos.

El Gobierno español aprobará en marzo el primer proyecto de una amplia reforma de la Ley de Pesca que ha alertado al sector, tanto por las oportunidades que abre como por los recelos que genera ante el impacto de los cambios en la planificación empresarial.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años, que protagonizará la legislatura y que afectará al acceso a los caladeros, sanciones o protección del mar. El sector español de la pesca está compuesto por 8.884 barcos, genera 1.802 millones de euros y cerca de 32.000 empleos, según datos del MAPA correspondientes a 2019.

La ley ya fue revisada en 2014 por el Gobierno del Partido Popular; aunque aquella modificación fue «menor» en comparación con la que se avecina. Según el sector supuso un importante avance para blindar las penalizaciones a la pesca ilegal, prestigiar a España en ese terreno y promover actuaciones contra operadores ilícitos.

Para los armadores Cepesca, la reforma en ciernes genera incógnitas sobre el acceso a las cuotas o la seguridad jurídica empresarial, mientras que las cofradías ven oportunidades para impulsar una regulación flexible y más adaptada al pescador, pero también piden prudencia. Por su parte, la organización ambientalista WWF opina que la ley debe dar solución a la actual «crisis de biodiversidad» de los mares.

España es el país más retrasado en la ejecución de los fondos estructurales del antiguo presupuesto de la UE. Ha gastado el 43% de las ayudas asignadas entre 2014 y 2020, aunque todavía dispone de tres años más para elevar el nivel de ejecución.  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), cuya ejecución hasta finales del pasado año era de un 26% (apenas 377 millones de los 1.400 millones previstos para España).

España ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, el porcentaje más bajo de todo el bloque a pesar de haber crecido en diez puntos en el último año, según la última actualización de los datos publicada este lunes por la Comisión Europea.

El anterior marco financiero de la UE englobaba los años comprendidos entre 2014 y 2020, pero los socios comunitarios todavía pueden seguir gastando gastos previstos dentro de ese presupuesto hasta 2023, con lo que España dispone de tres años más para elevar el nivel de ejecución.

Con todo, a fecha del 31 de diciembre de 2020, España había ejecutado un total de 24.040 millones de euros, un 43% de los 56.552 millones que tenía asignados a cargo de los cinco programas que componen los fondos europeos estructurales y de inversión para el periodo 2014-2020. El nivel de gasto planificado sí que alcanza a estas alturas el 100%, mientras que el nivel de gasto decidido se sitúa ya en el 93%.

España es, por tanto, el país más retrasado en la ejecución de fondos estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%), Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51%), Bulgaria (53%) y Polonia (55%), todos ellos por debajo de la media comunitaria, que se sitúa en el 52%

Por contra, los países más avanzados son Finlandia, con un nivel de ejecución del 82%, Irlanda (76%), Austria (75%), Luxemburgo (74%) y Suecia (70%). Francia y Alemania también cuentan con un nivel de fondos ya gastados por encima de la media de la UE, con un 66% y un 62%, respectivamente.

En concreto, España ha ejecutado ya un 59% del presupuesto asignado dentro del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con 7.200 millones de los 12.200 millones previstos; un 58% de la Iniciativa de Empleo Juvenil (1.760 millones de 3.000 millones) y un 43% de los recursos del Fondo Social Europeo (4.400 millones de 10.300 millones).

Los dos programas con más retrasos de ejecución en España son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del que se han gastado ya 10.200 millones de los 29.500 millones previstos (un 35%) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), cuya ejecución hasta finales del pasado año era de un 26% (apenas 377 millones de los 1.400 millones previstos para España).

Con respecto a la división por temas que contempla la Comisión Europea en el informe, España ha destinado 10.600 millones al capítulo sobre investigación e innovación, 8.000 millones a mejorar la competitividad de las pymes, 7.440 millones a fomentar un empleo sostenible y de calidad y 5.960 millones a proteger el medio ambiente,

Además, 5.200 millones de los fondos estructurales del presupuesto comunitario anterior se han dedicado a la inclusión social, 5.000 millones a la transición hacia una economía baja en carbón, 3.930 millones a programas de educación y formación, 3.400 millones a las tecnologías de la información y la comunicación, 2.780 millones en infraestructuras energéticas y de transportes Y 2.460 millones en medidas de adaptación al cambio climático.

La Comisión Europea ha advertido el sistema de control pesquero que votará la próxima semana el Parlamento Europeo supondría un «retroceso» con respecto al actual porque «podría conducir a una sobrepesca excesiva» y dañaría la reputación internacional de la UE, a lo que el sector ha contestado con «indignación» que los pescadores europeos son los «campeones» de la pesca «responsable».

El conflicto ha estallado pocos días antes de que el pleno de la Eurocámara vote la nueva normativa sobre el nuevo sistema de control pesquero de la UE, un informe del que es responsable la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera. Aunque no será el paso definitivo, porque todavía quedarán por delante las negociaciones con los países de la UE, la votación marcará el tono de la normativa final.

El origen es una «nota aclaratoria» que el equipo del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha enviado a algunos eurodiputados, «principalmente de la comisión de Medio Ambiente» del Parlamento Europeo, según ha denunciado la patronal pesquera Europêche, que ha distribuido el documento.

En el texto, el Ejecutivo comunitario advierte de que una serie de enmiendas del informe «generan preocupaciones importantes» sobre su adecuación al Pacto Verde de la UE, la transformación digital del bloque, la justicia social y la «credibilidad internacional» del proyecto europeo en la «gobernanza oceánica» global.

A su juicio, el sistema de control pesquero que reclama la Eurocámara crearía «lagunas» legales que «beneficiarán más a las grandes embarcaciones a expensas de los pequeños barcos» y es «una oportunidad perdida para la innovación y la creación de empleo».

Las críticas de la Comisión Europea se centran, principalmente, en tres grupos de enmiendas. En primer lugar, las correspondientes al diario de a bordo y el margen de tolerancia, que «legalizan el infrasuministro de datos y conduce a un deterioro de las poblaciones».

En segundo lugar, critica el hecho de que el informe haya relajado la propuesta inicial y defienda que la instalación de cámaras a bordo para controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque sea voluntaria y no obligatoria como defendía Bruselas.

Por último, carga contra una serie de enmiendas que «limitarán la posibilidad de controlar la potencia del motor de los buques pesqueros», provocando una capacidad «excesiva» de pesca y una sobreexplotación de los recursos marinos.

Abandonados por Bruselas

Tras conocer esta carta, la patronal pesquera Europêche ha enviado una carta al comisario Sinkevicius. Firmada por su presidente, el español Javier Garat, la organización asegura que los pescadores de la UE se sienten «indignados» y «abandonados» por el Ejecutivo comunitario, a quien acusan de presentar al sector como «depredadores y estafadores ilegales».

«Este es la sensación unánime entre nuestros miembros, que perciben esta actitud como una completa falta de conexión y empatía con los pescadores y sus realidades, que son la semilla de un antieuropeismo creciente entre los pescadores», avisa el presidente del Europêche.

En la misiva, Garat subraya que, «al contrario de las alegaciones y la falta de confianza en la industria pesquera» que ve en el documento del comisario, los datos de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) revelan que «el número real de infracciones es extremadamente bajo»,en especial en la pesca del Atlántico.

«Las estadísticas demuestran que los pescadores de la UE son los campeones de la pesca responsable, ofreciendo a los consumidores productos del mar saludables en un escenario de fuerte competencia global, algo que habían conseguido incluso antes de la introducción de la obligación de desembarque», enfatiza Europêche.

La patronal, además, denuncia que el comisario lituano «parece haber decidido hacer cumplir» la obligación de desembarque «con un control invasivo y herramientas de vigilancia que ignoran la protección de datos y la confidencialidad empresarial y van en contra de los derechos de los trabajadores».

Aguilera cree que el cruce de acusaciones no influirá en el voto

Por su parte, la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera, ha opinado que este cruce de acusaciones entre Bruselas y el sector no influirá en la votación del próximo martes. Así, la socialista cree que su informe saldrá adelante con un apoyo similar al que recibió en la comisión de Pesca, donde recibió el visto bueno de una «gran mayoría» de diputados.

«No creo que este revuelo cause ningún cambio», ha dicho Aguilera, quien también ha quitado hierro al «cruce de acusaciones» de los últimos días y ha asegurado que es algo habitual en reglamentos «controvertidos» como es el del reglamento sobre control pesquero

La pesca registró un alza del 74 % en Perú en el mes de enero, mientras que el comercio internacional y la minería siguen a la baja, según el Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

La producción de pesca en enero creció 74,89 % por la mayor captura de origen marítimo (93 %), destinados al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), especialmente de anchoveta, que presentó una extracción de 517.000 toneladas.

Por su parte, el desembarque de especies para consumo humano directo dirigido a la preparación de curado bajó 12 %, consumo en estado fresco disminuyó 6 % y congelado se redujo 1 %.

A su vez, la captura de especies para enlatado creció 12,9 % y la pesca de origen continental cayó 35 %, de acuerdo con el informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

También se redujo la producción de hidrocarburos en 15,56 % por el menor nivel de extracción de petróleo crudo (40,8 %), gas natural (5 %) y líquidos de gas natural (1,5 %).

El panorama del comercio internacional en enero pasado también fue desalentador debido a que las exportaciones bajaron 8,9 % y las importaciones lo hicieron igualmente en 7,2 %.

Las exportaciones totales ascendieron a 3.379 millones de dólares en enero, a raíz de una caída en 15,67 % de las exportaciones tradicionales y un aumento del 4,96 % en las ventas de productos no tradicionales.

A su vez, las importaciones en enero por 3.465 millones de dólares representaron una caída de 7,26 % debido a una disminución en 12,73 % de las compras de bienes de consumo y un retroceso de 8,46 % en materias primas y productos intermedios.

El reporte del INEI añadió que la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) aumentó en 4,48 %, mientras que la del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se redujo en 1,82 % en el primer mes del año.

inflación cae el 0,13

De otro lado, el INEI también presentó el informe de precios al consumidor en Lima y reveló que la inflación bajó 0,13 % en febrero último, con una variación acumulada de 0,62 % y un índice anualizado de 2,40 %.

La inflación de febrero estuvo influenciada por los menores precios en Alimentos y Bebidas (-0,63 %) y Enseñanza y Cultura (-0,15%), en tanto que se incrementaron los precios en Transportes y Comunicaciones (0,61 %) y Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (0,45%), entre otros rubros.

La nueva jefa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, insta a desbloquear las negociaciones sobre las ayudas de pesca, en el primer día de un mandato histórico al frente de una institución en crisis.

«Llego a una de las instituciones más importantes del mundo y tenemos mucho trabajo. Me siento lista», dijo Ngozi, la primera mujer y la primera africana en dirigir la OMC, al llegar muy temprano el lunes a la elegante sede de la organización a orillas del lago Lemán, en Ginebra.

Sin perder un minuto, inauguró una escultura en hielo representando peces, instalada por varias oenegés, junto al embajador colombiano Santiago Wills, presidente de las negociaciones sobre las subvenciones en el sector de la pesca, que están en punto muerto.

«Tenemos realmente el sentimiento de que la sobrepesca, la sobrecapacidad y la pesca ilegal son factores que perjudican a la durabilidad», declaró, haciendo un llamado para concluir las negociaciones «lo más rápidamente posible».

También tenía que reunirse con los subdirectores generales, que han pilotado la institución durante los seis meses de vacío de poder, y una parte de sus equipos.

Dos veces ministra de Finanzas y jefa de la diplomacia de Nigeria durante dos meses, Ngozi, de 66 años, reemplaza al brasileño Roberto Azevedo, que dimitió a finales de agosto, un año antes del final de su mandato, por «razones familiares».

La nueva directora, que trabajó 25 años en el Banco Mundial, fue designada el 15 de febrero por los 164 países miembros de la OMC al final de un largo proceso de selección, paralizado durante meses por el veto a su nombramiento del expresidente estadounidense Donald Trump.

La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que le dio su apoyo, permitió desatascar el proceso.