Al término de la reunión celebrada ayer jueves 4 de noviembre en París entre representantes de los gobiernos francés y británico para resolver el conflicto de las licencias de pesca en aguas británicas, el Reino Unido anunció que las conversaciones continuarían «la próxima semana».

La celebración de este encuentro, que reunió al secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, y a su homólogo británico encargado del Brexit, David Frost, había justificado a principios de semana el levantamiento provisional del ultimátum lanzado por la ministra del Mar, Annick Girardin, el 27 de octubre.

Al parecer, Londres y París no han llegado a un acuerdo y las conversaciones continuarán. Clément Beaune, el jueves 4 por la noche, informó de «diferencias significativas en la posición», precisando que «queda mucho trabajo».

También está previsto que las conversaciones continúen el viernes 5 de noviembre en Bruselas. El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, anunció el día 3 una reunión entre los gobiernos francés y británico. «Quiero recordar que se trata ante todo de una cuestión europea y, por tanto, la reunión en la Comisión Europea será muy importante y habrá que esperar su resultado». Antes de poner posiblemente en marcha las sanciones prometidas por Annick Girardin.

Por otro lado, se amenazó con tomar medidas de represalia si el gobierno británico no respondía a las peticiones de los pescadores franceses de licencias definitivas para la zona de 6 a 12 millas y las aguas de Jersey, tal y como establece el acuerdo de comercio y cooperación firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido el 24 de diciembre.

Aplazamiento de sanciones

Francia aplazó las sanciones contra el Reino Unido por las licencias de pesca. No obstante, las negociaciones sobre las licencias de acceso a las aguas británicas continuaron el jueves 4 de noviembre entre el Reino Unido, Francia y la Unión Europea.

Por lo tanto, el ultimátum lanzado por la ministra del Mar, Annick Girardin, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, el pasado fin de semana, que anunciaba la aplicación de sanciones a partir del martes 2 de noviembre, no se hizo efectivo de inmediato.

Mientras tanto, se produjeron reuniones de alto nivel entre Boris Johnson y Emmanuel Macron, en la cumbre del G20 en Roma y luego en la conferencia sobre el clima de Cop 26 en Glasgow, en paralelo a otras reuniones técnicas. Emmanuel Macron afirmó el lunes 1 de noviembre que «no es mientras negociamos que vamos a imponer sanciones» y dijo que «confía en que el primer ministro británico, Boris Johnson, tenga en cuenta seriamente las propuestas francesas». Durante diez meses los resultados han sido demasiado lentos, si este nuevo método nos permite tener un resultado, espero que le demos una oportunidad».

El Elíseo dijo entonces en un comunicado que Francia no aplicaría sanciones al menos hasta el jueves, cuando el secretario de Estado británico para el Brexit, David Frost, y Clément Beaune se reunirán en París. «Para permitir que continúe el diálogo así abierto, las medidas anunciadas y preparadas por Francia no se aplicarán antes de esta reunión y del examen de las nuevas respuestas británicas relativas a las licencias de pesca», dijo este último en su cuenta de Twitter.

«La idea es demostrar a los británicos que tenemos capacidad para causar problemas y que podemos reforzarla aún más», declaró a la AFP Jean-Luc Hall, director general del Comité Nacional Francés de Pesca Marítima y Cultivos Marinos.

El sector pesquero alerta de que el establecimiento de una política de gravámenes al gasóleo, tal como contempla la propuesta de Directiva europea para reestructurar, en el marco del Pacto Verde europeo, los impuestos sobre productos de la energía supondrían una grave desestructuración de “frágil” equilibrio de su actividad. Además, advierte que a medio plazo pondría en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país y de Europa, frente a los intereses de otras zonas geográficas, tales como la asiática, “actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos”, en palabras de Juan Manuel Liria, presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), quien participó el pasado viernes en la II Jornada sobre Ecocombustibles, organizada por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Según el sector, la propuesta de Directiva, que prevé establecer un impuesto al
gasóleo de 3 euros por cada 100 litros de combustible a partir de 2023, impactaría en
la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad, “ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados”. El sector puntualiza que este impacto, además de a los buques de altura afectaría también a la bajura, mayoritariamente empresas familiares y “verdaderas espinas dorsales de la cohesión económica y social de muchas zonas costeras”.

Además, y según el sector, los objetivos que esgrime Europa para aplicar este
impuesto ya han sido prácticamente alcanzados por la flota pesquera europea, y más
aún por la española. Cabe recordar que con esta medida Europa quiere reducir el 55% de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de la flota UE en 2030 con respecto a los de la década de los noventa e incentivar la aplicación de mejoras en la eficiencia energética como energías alternativas (hidrógeno, gas, electricidad e
hibridación). Sin embargo, el sector cree que la Comisión Europea ha de ser consciente de la reducción del 48% de la flota pesquera comunitaria desde los años 90 (frente a otros países terceros que están desarrollando sus flotas exponencialmente) y que las emisiones del sector se han reducido un 18% durante los últimos 10 últimos años.

Soberanía alimentaria

Además del impacto directo en la actividad económica de las empresas pesqueras,
esta medida pondrá en riesgo la soberanía alimentaria europea y de nuestro país a medio plazo. A este respecto, el sector apunta que la oferta de gasoil más barato en
otros puertos no comunitarios provocará que las flotas dejen de operar en los puertos
españoles y comunitarios frente a terceros, lo que induciría desabastecimiento de
materias primas y y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria de la que
actualmente disponemos, tal como es el caso español gracias a la cobertura de
nuestras flotas. A ello, apunta el sector, habría que sumar la pérdida de miles de
puestos de trabajo ya que los puertos alternativos acapararían todos los activos
generados por la actividad pesquera, tales como centros de almacenamiento
frigorífico, plantas de procesado y gran parte de la cadena de valor.

Según el sector, Europa ha de estar muy atenta a la batalla silenciosa y estratégica que se está librando en el control de los recursos pesqueros del mundo ante el reto de incrementar en un 56% la producción de alimentos para una población global que se prevé crezca entre 2.500 y 3.000 millones de personas de aquí a 2050, y hacerlo
manteniendo el nivel objetivo de calentamiento global del planeta por debajo de los
2°C. En este sentido y según el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI 1 , por sus siglas en ingles), ello sólo podrá conseguirse mediante el incremento de la ingesta de
proteínas provenientes de los productos pesqueros por su bajo impacto
medioambiental frente a otras industrias agroalimentarias en tierra.

Nuevos combustibles

Por último, y según apunta Cepesca, la flota pesquera, es un segmento de muy difícil
descarbonización, al margen de la conseguida hasta ahora, debido a la gran autonomía que precisa su actividad, sólo posible mediante el uso de hidrocarburos con alta densidad energética. Para el sector, el desarrollo de combustibles alternativos a los actuales está muy retrasado en cuanto a su producción y distribución, pero también en cuanto a la tecnología necesaria para su almacenamiento y utilización, por lo que cree de difícil cumplimiento los objetivos del Tratado de París para 2050, y más aún el objetivo intermedio de la UE de reducir las emisiones netas en un 55% para 2030.

Por otra parte, y según el sector, el almacenamiento a bordo de todos los combustibles alternativos que se están postulando (hidrógeno, LNG, LPG, Amoniaco, Metanol, Etanol, etc), necesitaría instalaciones especiales, por lo que sería necesario el diseño de nuevos buques, específicos para cada tipo de energía.

Aún así, el sector quiere seguir avanzando en el cumplimento de los compromisos de
descarbonización, por lo que, al margen de las medidas ya adoptadas para reducir el
consumo, apoya el desarrollo de combustibles más neutros, tales como los
biocombustibles. Con este objetivo, Cepesca se ha integrado en la Plataforma para la
Promoción de Ecocombustibles, nacida para impulsar el uso de combustibles líquidos
renovables y neutros en carbono como vía complementaria para la descarbonización.
Actualmente, forman parte de esta plataforma más de 322.000 empresas y cerca de
una veintena de asociaciones empresariales de distintos sectores de actividad, con un
peso muy representativo de la industria agroalimentaria.