El precio del gasóleo sigue al alza y no hay quien lo pare. Ante la posibilidad de que se repitan los amarres de la flota, con motivo de las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Ucrania, el secretario general de Cepesca Javier Garat ha recordado que el gasoil pesquero ya supone más del 60% de los costes de explotación y su precio continúa elevado. Solo en 2021 su valor se incremento un 44,4%.
En concreto, según estimaciones del sector, el precio ha pasado de una media de 0,306 euros en el último trimestre de 2020 a superar el 1,1 euro este año. Lo que se une al incremento de los costes logísticos, energéticos, de las materias primas, etc… En este sentido, se felicitó de que se haya incluido dentro de la bonificación de 0,20 euros/litro a la flota pesquera que se aprovisiona de combustible fuera de España a través de empresas nacionales. «Si siguen así los precios del gasóleo marino, y las ayudas no llegan, alguna flota tendrá que parar», ha reconocido Garat quien también ha lamentado la mayor presión fiscal y el alza de las cotizaciones sociales.
Todo ello, en un sector que con ‘sangre, sudor y lágrimas’, ha logrado navegar sobre las aguas revueltas de la pandemia. En concreto, estiman en el informe de Cepesca, el valor total de la producción en 2020 ha ascendido a 2.043 millones de euros, con un crecimiento de casi un 10%. Mientras que las importaciones y exportaciones retrocedieron en 2020 estas se han recuperado en 2021 superando las de ejercicios anteriores. Solo el año pasado se han exportado 1.168 toneladas por un valor de 4.701 millones de euros. Un crecimiento respeto al ejercicio anterior del 6,6% y del 17,1%, respectivamente.
En este sentido, Garat ha apuntado hacia un mayor número de capturas el año pasado respecto al ejercicio anterior y ha añadido que«el valor económico será parecido o superior al de 2020 ya que la gente tiene ganas de gastar y disfrutar de la vida». Algo que, en su opinión, también sirve para lo que llevamos de año aunque todo sujeto a la «incertidumbre» alrededor del conflicto en Ucrania
El borrador del POEM ‘Planes de Ordenación del Espacio Marino’ (POEM), un instrumento de zonificación en el que, una vez analizadas las posibles interacciones con otros usos del mar, quedarán reflejadas las áreas más adecuadas para el desarrollo de la eólica marina, por viabilidad técnica y ambiental experimentará modificaciones en todas sus demarcaciones. El Gobierno (MITECO) lanzó una consulta pública previa para la elaboración de la normativa relativa a la eólica marina. No obstante la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, promotora del Manifiesto de Burela, ha mostrado su oposición a la instalación de plataformas en zonas que son frecuentadas por la flota o constituyen zonas de desove.
A través de videoconferencia, esta plataforma mantuvo una reunión con la Directora General de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en donde se informa que finalmente el borrador de POEM sufrirá modificaciones en todas las demarcaciones, y que específicamente se modificarán zonas que estaban previstas en el Mediterráneo andaluz como la que se encontraba en la zona del “Mar de Ágata” que quedará libre de polígonos de eólica marina; y en la Demarcación Noratlántica se realizarán también modificaciones, suprimiendo las zona denominadas prioritarias y manteniendo las zonas altamente potenciales aunque reducidas en su tamaño y en su orientación.
También se comunica de que por parte del IEO (Instituto Español Oceanográfico) la información esencial relativa a la CARTOGRAFÍA MARINA de las zonas propuestas no está disponible, y que este Instituto necesitaría tiempo para poder aportar dicha información, pero que la obligación de cumplir los plazos y requerimientos de la Comisión Europea para ordenar los espacios marinos, obliga a aprobar los PLANES DE ORDENACIÓN DE ESPACIO MARINO, sin este importante información sobre que stocks de pesca se verían afectados y su situación biológica.
También se prescinde de la información sobre como puede afectar a los desoves de especies como la caballa, la sardina o la merluza, como podría afectar al stock de cigala cerrado para su recuperación desde el año 2017 y en general que afectación pueden tener las vibraciones y ruidos que pueden producir estos stocks en campañas como las del bonito o del boquerón, pues los patrones de migración se pueden ver afectados tal como está advirtiendo Institutos Científicos europeo como el Instituto de Investigación Marina de Noruega.
Se informa también que se desconocen los impactos socioeconómicos que la reserva de espacios para la eólica marina puede tener en el sector pesquero que trabaja en dichas zonas. Por parte de los representantes del sector pesquero se le ha comunicado que dicho proceder contraviene entre otras normas las siguientes normas: LEY 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino que en su artículo 4, específicamente nos indica lo siguiente: Artículo 4. Criterios de planificación en el medio marino.
La actuación de los poderes públicos en materia de planificación del medio marino se regirá por los siguientes criterios: Se aplicará una gestión adaptativa de las actividades humanas siguiendo el principio de precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta el conocimiento científico, para garantizar que la presión conjunta de dichas actividades se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado ambiental.
No se comprometerá la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por la actividad humana.
En los mismos términos se estaría contraviniendo el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, que en sus artículos 4 y 6 en relación a la ordenación del espacio marítimo, nos indican:
artículo 4.5.: Al determinar la ordenación del espacio marítimo, se tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de las demarcaciones marinas, las actividades y usos existentes y futuros pertinentes y sus repercusiones en el medio ambiente, y en especial sobre las especies y espacios protegidos, y los recursos, teniendo también en cuenta las interacciones entre tierra y mar.
Requisitos aplicables a los planes de ordenación del espacio marítimo.
Se tendrán en cuenta tanto los aspectos medioambientales, económicos y sociales como los aspectos de seguridad y se utilizarán los mejores datos disponibles de conformidad con el artículo 9;
Por lo tanto no disponer de los datos que pueda facilitar el Instituto de referencia sobre los stocks afectados en las zonas propuestas en el borrador, ni sobre su estado biológico, aparte de contravenir el principio de precaución estaría contraviniendo la normativa específica en relación a la elaboración de los POEM.
Y también se contraviene la resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura (2021/2188(INI)), en la que se pide a los Estados miembros en su punto 63 que, en consonancia con las disposiciones sobre ordenación del espacio marítimo, designen los caladeros históricos y tradicionales específicos de los pescadores como zonas que deben permanecer libres de energías renovables marinas; y en su punto 64 destaca que solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico, ni consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores y los productores acuícolas, en consonancia con los objetivos de la economía azul y del Pacto Verde Europeo.
Desde la Plataforma consideran este proceder un atentado a nuestros ecosistemas y a nuestro sector pesquero flagrante e injusto con un sector como el pesquero esencial y estratégico para el País, y que contribuye además a la lucha contra el cambio climático al suministrar la proteína animal de menos impacto de CO2 a la población.
Un sector sostenible como la pesca española y una riqueza biológica como la que se encuentra en nuestros mares, sólo entre Galicia y Asturias más de 300 caladeros de pesca, no puede ser objeto de sacrificio para el beneficio de grandes multinacionales que ven en nuestros mares un territorio para especular con la energía, vistiendo su apuesta de “verde”para implementar un “greenwashing” a costa de nuestros ecosistemas y el sector pesquero.
La pesca no se opone a las energías renovables, pero tendremos que valorar con toda la información necesaria si es posible su coexistencia en nuestros mares. La apuesta del MITECO para tirar para adelante sin toda esa información contraviene el Principio de Precaución y el Propio Acuerdo de Paris del 2015 al poner en peligro la producción de alimentos.
Y también contraviene los mandatos políticos del Parlamento del Principado de Asturias, del Parlamento Gallego y del propio Congreso de los Diputados para que se respecten los ecosistemas y la actividad pesquera y se cuenta con toda la información necesaria sobre su posible afectación a través del IEO, cuando se ordenen los espacios marinos.
El sector le ha trasladado a los representantes del Ministerio que ninguna norma obliga a establecer zonas para polígonos de eólica marina en estos momentos, las urgencias por lo tanto no están justificadas y no se puede prescindir de tanta información relevante que debe aportar el IEO, para antes de ordenar y reservar espacios para una industria en nuestros mares, saber su posible afectación a los ecosistemas marinos.
Desde la Plataforma hemos informado a la Administración que de seguir con sus planes el sector pesquero denunciará ante todas las instancias dicha actuación, impugnará en los Tribunales el Real Decreto que se apruebe al respecto y movilizará a los pescadores y sociedad civil para que se defienda ante todo nuestro modo de vida y nuestros valiosos ecosistemas. Y por último y a la vista de que el mandato político de los Parlamentos de Asturias y Galicia y del propio Congreso de los Diputados dirigido al gobierno es totalmente orillado, nos reuniremos con urgencia con todos los Grupos Políticos que apoyaron por unanimidad las Propuestas no de Ley, para que se revierta la propuesta que se pretende aprobar de implementar la eólica marina en nuestras costas prescindiendo de toda la información sobre los impactos en nuestros ecosistemas y en nuestra actividad pesquera.
Cepesca ha presentado el informe de situación del sector pesquero español mostrando su temor en el que la inflación reduzca el consumo de pescado. Preocupa también la propuesta de cierre de 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Las capturas de pescado y marisco de nuestra flota ascendieron a 787.258 toneladas en 2020, decreciendo un 11,4% respecto a las 877.211 toneladas capturadas en 2019
No hay sector que no se vea afectado por la inflación. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha mostrado su “preocupación” por el impacto de la inflación en el consumo de pescado en España justo cuando la Covid había propiciado que se elevara este consumo en los hogares pasando de los 22,5 kilos anuales por persona en 2019 a los 24,83 kilos en 2020.
“La situación nos preocupa, porque todos sabemos que cuando los precios suben, una de las cosas que pasan es que se deja de comer pescado. No es solo un problema para los consumidores, sino también para la salud de los españoles”, ha asegurado el secretario general de Cepesca, Javier Garat, durante la presentación del ‘Informe del Sector Pesquero Español’.
En concreto, alerta de que la gente comprará otros productos más baratos como el salmón como ocurre con la carne que la gente compra pollo por ser más barato. Además, ha aprovechado para volver a pedir la rebaja del IVA de los productos pesqueros del 10% al 4%.
No obstante, en septiembre arranca Pesca España, una organización de productores que busca potenciar la promoción de esta actividad y de sus productos y con la que esperan revertir la situación.
Esta inflación por la que se verán afectados es consecuencia del conflicto bélico en Ucrania, que además ha afectado de manera violenta a la estructura de costes de producción de las empresas, especialmente por el alza del precio del combustible, y una segunda por las restricciones a la actividad que provocan las políticas medioambientales de la UE.
Cabe recordar que el alza del gasóleo pesquero, que habitualmente supone entre el 30 y el 40% de los costes de explotación de los buques, afecta gravemente a las empresas del sector, pues ya supera el 60% de estos. Al aumento del coste del gasoil en 2021 (44,44%) se sumó el brusco incremento por el conflicto en Ucrania. En concreto, desde el último trimestre de 2020 hasta julio de 2022, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1,1 euro.
Además de las consecuencias de la guerra, Cespesca ha mostrado su preocupación por la propuesta de cierre de 87 zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda. La patronal ha pedido disponer de toda la información científica y de un análisis profundo de impacto socio económico.
Garat ha advertido del «brutal impacto» que tendría para la flota española, en especial para algunas pesquerías, como los palangreros de fondo del Puerto de Celeiro y de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, al capturar en estas zonas en torno al 75% de merluza en esas zonas.
Reducción de un 11,4 %
Las capturas de pescado y marisco de nuestra flota ascendieron a 787.258 toneladas en 2020, decreciendo un 11,4% respecto a las 877.211 toneladas capturadas en 2019. Con estas cifras, España revalida un año más su liderazgo en la Unión Europea. A este respecto, en 2019 (últimas cifras disponibles de Europa), España suponía el 28% del valor total de la pesca y el 16,3% de las capturas.
Respecto a los puestos de trabajo que genera el sector, en 2020 fueron 31.093 empleos directos, con un descenso del 2,6% respecto a los 31.935 de 2019; y 150.000 indirectos.
Estas cifras reflejan el proceso de ajuste del número de buques de la flota pesquera española, que en 2020 estaba compuesta por 8.839 barcos frente a los 8.884 de 2019. Este ajuste también se refleja en la cifra de 2021, ya disponible, y que apunta a un total de 8.732 barcos de pesca, ocupando la tercera posición del ranking europeo, tras Grecia (14.550) e Italia (12.179).
Y para 2021, la previsión de Gart es que haya más capturas que en 2020 y que el valor económico también creo que será parecido o superior al de 2020
El Reino Unido ha dado a conocer los detalles de la última ronda de sanciones del gobierno del Reino Unido contra Rusia a raíz de su invasión de Ucrania, y las medidas incluyen un arancel adicional del 35 por ciento sobre las importaciones de pescado blanco ruso.
Este arancel se anunció originalmente en marzo de 2022, pero no se confirmó hasta el 19 de julio. Los aranceles adicionales entraron en vigor el miércoles 20 de julio.
Los aranceles afectarán a las importaciones directas de marisco de origen ruso, ya que el pescado capturado por buques rusos y enviado directamente al Reino Unido se considera de origen ruso y, por tanto, está sujeto a los derechos adicionales. Sin embargo, los productos capturados en Rusia que se procesan sustancialmente en otro país no se consideran de origen ruso, y como tal no se espera que incurran en aranceles adicionales.
Según el organismo público de productos del mar del Reino Unido, Seafish, la congelación y el corte en porciones no constituyen por sí mismos una transformación sustancial. El fileteado y el deshuesado, ya sea manual o mecánico, van más allá de la simple operación de troceado, y pueden clasificarse como procesos de fabricación sustanciales. Del mismo modo, el envasado al vacío es un proceso que va más allá de una simple operación de envasado debido a la necesidad de un equipo especializado.
Mientras tanto, los envíos que ya hayan pasado por las aduanas rusas o bielorrusas y estén en ruta hacia el Reino Unido no se verán afectados.
En un comunicado, la directora de operaciones de Seafish, Aoife Martin, dijo que la aplicación del arancel del 35% se había suspendido para permitir que se trabajara en la comprensión de las posibles repercusiones en el sector de los productos del mar y que los ministros estaban aplicando el arancel ahora en consulta con el sector.
«Como la sanción arancelaria ha sido señalada desde hace tiempo, muchas empresas de productos del mar ya han estado buscando opciones alternativas, pero cualquier empresa que siga importando productos del mar directamente de Rusia se verá afectada cuando el arancel entre en vigor la próxima semana», dijo Martin.
Martin dijo que el Reino Unido tiene una enorme dependencia de las importaciones de pescado blanco, ya que la flota del país desembarcó unas 47.000 toneladas métricas (TM) de bacalao y eglefino en 2020, mientras que las empresas de mariscos importaron más de 430.000 TM de pescado blanco.
«Rusia controla el 45% del suministro mundial de pescado blanco, por lo que la eliminación de este pescado de nuestra cadena de suministro de productos del mar tendrá impactos mientras las empresas tratan de encontrar fuentes alternativas de suministro», dijo Martin. «Los consumidores pueden esperar ver diferentes especies en su pescadería local. Por desgracia, es posible que los precios del marisco también tengan que subir».
Los negocios más afectados por los aranceles son las pescaderías del Reino Unido, que ya han tenido problemas con la creciente inflación que ha obligado a subir los precios. En mayo, la empresa londinense de insolvencia CompanyDebt estimó que hasta un tercio de las pescaderías del Reino Unido podrían cerrar en un año, y lanzó una campaña titulada «Save The Great British Fish-and-Chip Shop» para intentar ayudar al sector.
A pesar de las repercusiones directas que los aranceles pueden tener en las tiendas de pescado y patatas fritas, el presidente de la National Federation of Fish Friers (NFFF), Andrew Crook, publicó un post en el sitio web de la organización en el que afirmaba que el sector del pescado y las patatas fritas tiene que apoyar la medida arancelaria si el gobierno considera que es el camino correcto. Crook dijo que llegó a esa conclusión tras numerosas reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido.
«Como siempre, apoyaremos cualquier cosa que ayude a concluir rápidamente este conflicto», escribió Cook. «Están prohibiendo o aplicando aranceles a casi todo lo que sale de Rusia, así que el pescado no ha sido señalado».
Crook dijo que la NFFF se ha comprometido con la ministra de Estado del Reino Unido, Victoria Prentis, a organizar una reunión entre la federación, los proveedores, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS) y la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC) para discutir lo que se puede hacer para apoyar al sector del pescado y las patatas fritas «ya que saben el impacto que esto puede tener».
«Esperábamos que esto se hubiera dejado de lado indefinidamente, pero tenemos que afrontarlo ahora y encontrar una forma de avanzar», dijo Crook. «La NFFF seguirá luchando por el sector».
La puesta a flote del aerogenerador eólico marino flotante supone un nuevo hito en el desarrollo del proyecto, con el que DemoSATH avanza de forma acelerada para su instalación este verano.
En los próximos meses está previsto que se despliegue el cable submarino en el lugar de instalación (BiMEP) y se recupere el sistema de fondeo previamente instalado durante el mes de abril. A continuación, todo ello se conectará a la unidad DemoSATH una vez se remolque a este lugar.
En un acto institucional que ha contado con la participación de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha presentado el prototipo del aerogenerador eólico marino flotante, el proyecto DemoSATH, que Saitec Offshore Technologies y RWE han construido en el puerto de Bilbao ha sido bautizado en la ubicación de Punta Sollana, tras su botadura, realizada con éxito días atrás.
Hsta cuatro intentos para conseguir una exitosa operación, tras la cual, madrina y responsables del proyecto subieron a bordo del artefacto, de más de 60 metros de eslora y 30 de manga.
En el acto también estuvo presente la plana mayor del puerto de Bilbao, con su presidente, Ricardo Barkala, el director, Carlos Alzaga y el director de operaciones, comercial y logística, Andima Ormaetxe. Por la parte institucional, el delegado y subdelegado del Gobierno, Denis Itxaso y Vicente Reyes, respectivamente, mientras por la empresa acudieron Javier Urgoiti, director general de Saitec; Martin Dörnhöfer, director of Floating, Hydrogen, Development Optimization de RWE Renewables; David Carrascosa, director de operaciones de Saitec Offshore Technologies; y Araceli Martínez, directora técnica de Saitec Offshore Technologies, entre otros.
Intervención de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El sector marítimo portuario contó también con otros representantes, como el capitán marítimo, Carlos García Buendía; Alex Sparber, Business Development Manager en Sparber Group; y Mikel Garteiz-goxeaskoa, socio de Aiyón Abogados.
Señalar que el Grupo Sparber se ha encargado del transporte y la coordinación logística de la nacelle, las palas, el cableado y otros elementos del aerogenerador desde Centroeuropa. Por su parte, Aiyón Abogados ha sido la empresa asesora para temas legales de todo el proceso constructivo del proyecto DemoSATH.
La ministra Teresa Ribera ha destacado durante el encuentro que se trata de un proyecto común que “enlaza lo internacional con lo local” puesto que la generación de energía desde fuentes renovables va ganando terreno en el mundo y este paso en el puerto de Bilbao supone un engarce con la cadena de suministro más próxima”.
En este sentido declaró que “Bilbao tiene el potencial para convertirse en capital mundial del viento”.
La ceremonia comenzó con el tradicional “aurresku de honor” reservado para actos de gran importancia.
Nuestro país tiene vocación de liderazgo en las renovables por lo que “tendremos que buscar que estas tecnologías sean viables para quienes han tenido esa audacia, ese liderazgo pionero. Necesitamos activar todas las palancas para conseguir que estos desarrollos sean una realidad comercial”.
Recordó que en el 2021 se ha convertido en récord en producción de energía eólica y que el 50% del mix energético lo han producido las renovables. Avanzó el compromiso de instalar 3GW de eólica marina para el 2030, por lo que “debemos darnos prisa en activar estos nuevos proyectos”.
Ricardo Barkala conversando con Teresa Ribera.
Ribera anunció que “hoy mismo”, el Minteco ha sacado a información pública cuatro programas de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para las renovables marinas.
Dotados inicialmente con 200 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), fomentarán nuevos proyectos, tecnologías o instalaciones de infraestructuras renovables marinas que contribuirán al desarrollo de estas tecnologías en España.
Proveedores locales
Javier Urgoiti aprovechó la ocasión para solicitar apoyo institucional para las tramitaciones necesarias en estos proyectos y también “apoyo financiero” para los nuevos desarrollos tecnológicos, como el proyecto DemoSATH, realizado en hormigón.
Martin Dörnhöfer explicó que “test como este son necesarios” para probar la tecnología que permita la extensión de la eólica marina para 2030.
Se congratuló de este nuevo hito importante hacia la puesta en marcha en alta mar a finales de este año. “Para RWE también es otro hito en nuestro camino para desbloquear el gran potencial de la energía eólica flotante a nivel mundial”, especialmente en países con aguas costeras más profundas, como EE UU, Francia, Reino Unido, Noruega y, sin duda, España. Dijo Dörnhöfer que “nuestro objetivo es tener un gigavatio de capacidad de energía eólica flotante en construcción u operación para 2030.
Junto con nuestros otros proyectos piloto, DemoSATH nos permite ganar experiencia para nuestros desarrollos futuros. Su innovadora plataforma a base de hormigón nos permite ampliar aún más nuestro conocimiento sobre soluciones innovadoras de eólica flotante”.
Cerró el turno de intervenciones David Carrascosa, director de operaciones de Saitec, señalando que, “en innovación, estamos en una carrera de fondo”. Destacó que “el 75% del presupuesto de materiales y mano de obra se ha contratado a menos de 25 kilómetros del puerto de Bilbao” poniendo así en valor la especialización vasca de la cadena de suministro de la eólica.
Impresionante botadura
Las operaciones de carga y botadura de DemoSATH se realizaron en el muelle de Punta Sollana, en el puerto de Bilbao, donde previamente la unidad de hormigón pretensado, que cuenta con una turbina de 2 MW, se había construido, ensamblado y equipado. En primer lugar, se cargó la unidad en la cubierta de una barcaza semisumergible mediante transportadores modulares autopropulsados (SPMTs).
Luego, la barcaza fue lastrada, sumergiéndose, hasta que la unidad DemoSATH se puso a flote, después de lo cual fue remolcada para aproximarla al muelle, donde se encuentra actualmente amarrada.
Araceli Martínez, directora técnica de Saitec Offshore Technologies señala que “este es un gran paso adelante para el proyecto DemoSATH. Las operaciones de carga y puesta a flote han sido un hito importante, ya que han sido las primeras de este tipo ejecutadas para el concepto SATH.
Estos trabajos fueron minuciosamente planificados entre todas las partes involucradas y el resultado final ha sido excelente. Una vez a flote, se tardó menos de 45 minutos en atracar de forma segura el aerogenerador DemoSATH en el muelle. Tras la finalización con éxito de esta operación en el puerto de Bilbao, nos enorgullece anunciar que el demostrador está listo para ser el primer aerogenerador flotante que se conectará a la Red eléctrica”.
España y Francia podría enfrentarse pronto al Tribunal de Justicia Europeo si no protegen rápidamente a sus delfines y marsopas. El 15 de julio, la Comisión Europea decidió enviar un dictamen motivado a Francia y España a falta de una respuesta satisfactoria a su carta de emplazamiento de julio de 2020. Los Estados disponen ahora de dos meses para tomar las medidas esperadas por Europa, a saber, transponer íntegramente la Directiva sobre hábitats y respetar la Política Pesquera Común.
Los delfines y las marsopas son especies estrictamente protegidas por la Directiva de Hábitats y para las que se requieren medidas de mitigación para evitar las capturas accesorias en virtud del Reglamento sobre medidas técnicas de la Política Pesquera Común», dijo la Comisión. A pesar de las pruebas bien documentadas de que estas especies son capturadas en las redes de pesca, el problema persiste.
Según Sea Shepherd Francia, alrededor del 5% de la población de delfines comunes (Delphinus delphis) es capturada de forma accidental por los barcos de pesca, frente a un límite de captura anual aceptable del 1,7%. A pesar de ello, Bruselas señala que Francia aún no ha puesto en marcha «un sistema coherente de seguimiento de las capturas accesorias» y no garantiza «un control e inspección eficaces de la obligación de que los buques pesqueros utilicen repelentes acústicos» (o «pingers»).
Esta situación fue objeto de varios recursos ante el Consejo de Estado por parte de varias asociaciones, entre ellas France Nature Environnement. Para frenar el fenómeno, éste había solicitado la aplicación de vedas de pesca espacio-temporales. En diciembre de 2021, el alto tribunal respondió desfavorablemente, no calificando la situación de urgente.
Con casi 8.000 kilómetros de costa y 75.000 kilómetros de ríos, así como 1.000 embalses y 2.500 humedales naturales, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, España constituye uno de los países de Europa con más y mejores recursos acuáticos. Su perímetro está bañado por el mar Cantábrico, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, además de contar con algunos de los ríos más largos de Europa. Para muestra, el Ebro, con más de 900 kilómetros de extensión. No es de extrañar, por tanto, que una actividad como la acuicultura, que no solo aprovecha, sino que preserva esos ecosistemas, cuente con el apoyo de la FAO, que la considera la forma de alimentación del futuro. Y también del presente, pues genera 500 millones de euros al año.
Con precios que se disparan en todos los sectores, alrededor de un 10% superiores al año anterior, la acuicultura permite que miles de familias en toda España pongan dorada o trucha sobre la mesa. En muchos hogares de nuestro país es más complicado de lo que parece afianzar un menú saludable y equilibrado, que siempre debería incluir pescados esenciales de la dieta mediterránea.
La acuicultura española permite que miles de familias en todo el país pongan dorada o trucha diariamente sobre su mesa
Es una cuestión de volumen, pero también de variedad, porque apostar por las especies menos consumidas también supone una garantía de futuro y ayuda a no sobrexplotar otras. Según datos de la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) sobre 2020, la acuicultura produjo 307.000 toneladas de productos acuáticos en España, convirtiéndose en el segundo país que más valor de producción de acuicultura genera de toda la Unión Europea, con casi 600 millones de euros, pero el primero en volumen de producción en toneladas, con un 27% del total. Además, gracias a las costas, mares y ríos de que disponemos en la Península Ibérica, el sector acuícola ecosistema acuícola de España es uno de los más diversos del mundo, pues genera lubina, rodaballo, dorada, corvina, mejillón, lenguado, microalgas, trucha arcoíris o esturión, así como anguila, seriola, atún rojo o lenguado, entre otros.
Un empleo de calidad
La acuicultura es, por tanto, un motor económico de gran proyección para nuestro país, especialmente en el entorno rural, con todo lo que ello implica. Porque no se puede olvidar el empleo que genera. Casi 40.000 personas trabajan en esta actividad, incluyendo los empleos indirectos, y muchas pertenecen a localidades pequeñas, que hasta la fecha amenazan con estar vaciadas, pero de repente vuelven a reactivarse gracias a este desempeño. Los viveros constituyen auténticos focos de trabajo. Una sola instalación puede requerir decenas de personas, desde operarios a técnicos superiores, como biólogos o veterinarios, que controlan al milímetro las condiciones en las que viven los peces a fin de garantizar entornos seguros y saludables para los animales.
Casi 40.000 personas trabajan en la acuicultura, incluyendo los empleos indirectos, y muchas pertenecen a localidades pequeñas
Javier Ojeda, gerente de Apromar, explica que en el sector trabaja “un gran número de científicos”. Los técnicos superiores suponen un 8% del total, porque se les ofrece “empleo cualificado, estable y de calidad”. Dar con los perfiles pertinentes no siempre es fácil, “pero España cuenta con buenos centros de Formación Profesional y preparación universitaria cada vez más específica, lo que permite una enseñanza completa y moderna”, detalla. Obviamente: aún quedan aspectos por mejorar. Es el caso de la incorporación de la mujer a este ámbito, ya que todavía sigue representando el 28% del total. Sin embargo, los responsables confían en que el crecimiento favorezca esa misma paridad.
CASI SIN HUELLA DE CARBONO
En el año 2007, el mundo empezaba a despertar a eso que los científicos llamaban “cambio climático” y, por ello, uno de los Premio Nobel de ese año recayó en el Grupo Intergubernamental de Expertos para tratar de frenar su avance (IPCC, por sus siglas en inglés). Pues bien, la organización ya ha alertado de que, o cambiamos la forma de producir nuestros alimentos, o será inevitable que las temperaturas sigan subiendo. Y justo aquí entra la acuicultura, una actividad que favorece el medio ambiente en diferentes aspectos, entre otros la huella de carbono. Ojeda comenta que la acuicultura no solo es necesaria para evitar la sobrexplotación de los mares y ríos, sino que es una práctica con “una huella de carbono mínima”, menor que la de cualquier animal vertebrado terrestre. “Hace falta una mejor apreciación social de los valores medioambientales que ofrece la acuicultura, incluida su mínima huella de carbono”, explica.
“España cuenta con buena formación para trabajar en el sector”, asegura el gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura
No hay mejor muestra que un botón o, en este caso, un pez de cuatro metros de largo: el esturión está tan amenazado que el comercio internacional de caviar salvaje está prohibido. La acuicultura es la única manera de tener caviar de calidad y, además, a un precio asequible para que la mayoría disfrute de él. Según explica Ignacio Alba, director de una de las mayores empresas españolas productoras de caviar, , ya no se captura ningún ejemplar, “lo que poco a poco permite que las poblaciones salvajes se recuperen lentamente”. Esto es, la convivencia necesaria entre modelos.
¿Qué nos depara el futuro? Desde Apromar insisten en que el techo no es que esté lejos: es que no se ve. “El sector tiene enormes oportunidades de crecimiento”, afirma Ojeda, que aprovecha para reclamar más viveros en las costas, ríos y mares españoles. Muchos, en localidades de la España vaciada, que podrían encontrar una segunda oportunidad con este tipo de cultivo acuático si las administraciones lo facilitaran. “Es una actividad que se desarrolla en el dominio público, marítimo y terrestre, por lo que las competencias están repartidas entre el Ministerio de Transición Ecológica y las respectivas consejerías de Medioambiente de las comunidades autónomas”, añade. Por eso, insta a acelerar el proceso de concesión de licencias que, a día de hoy, “puede llevar años”. Sería un pequeño empujón para llegar aún más lejos.
APOSTAR POR LA ACUICULTURA
La acuicultura española es un sector en auge que cumple un importante papel, ya no solo económico, sino también social, porque permite que el pescado de calidad sea asequible para todos los bolsillos. Al mismo tiempo, la actividad de acuicultura contribuye a no sobreexplotar los mares y los ríos, al cuidado de nuestros recursos naturales y todo ello manteniendo las cuotas de pesca. Una labor imprescindible en el esquema de la alimentación mundial, como asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que en su último informe mundial sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura (Sofia, en sus siglas en inglés)(SOFIA) subraya su “gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial”.
Un real decreto ley establecerá las condiciones para repartir 50 millones de euros, de los que 30 serán para la pesca y 20 para la acuicultura, según ha comunicado la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ante los representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y presidentes de las distintas federaciones regionales que en breve saldrá a consulta pública la orden de ayudas directas financiadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) destinadas a mitigar el desmedido incremento de costes a raíz de la guerra de Ucrania. Ese trámite es preceptivo para tramitar el real decreto ley que regulará la concesión de los 50 millones de euros —30 para la pesca y 20 para la acuicultura— que se destinarán a mitigar las consecuencias socioeconómicas que el conflicto bélico ha tenido en el sector.
El citado real decreto-ley prevé la intervención de las entidades asociativas representativas del sector para la gestión y pago de estas subvenciones, en forma de entidades colaboradoras, lo que requerirá la suscripción de convenios de colaboración, salvo en el caso de las cofradías, al tratarse de corporaciones de derecho público.
Asimismo, la secretaria general informó del estado de la tramitación de las ayudas de Estado a empresas armadoras de buques pesqueros, establecidas también en el decreto del 29 de marzo de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de costes. Villauriz dijo que, hasta la fecha, se han publicado en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dos resoluciones estimatorias de pago, que suponen casi el 85 % de la cuantía total prevista. También aseguró que se sigue trabajando en la tramitación del resto de las ayudas a empresas armadoras de buques pesqueros, que presentaban diversas incidencias.
Todas estas ayudas se suman a la bonificación de 20 céntimos en el precio del carburante, que ya se viene aplicando a todos los buques que repostan en España y que ha sido extendido hasta el mes de diciembre.
En el transcurso de la reunión se han detallado además las dos líneas de subvenciones enmarcadas en el convenio suscrito por el ministerio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) para facilitar el acceso a la financiación, entre otros, a las pymes agroalimentarias y a los operadores del sector pesquero y acuícola, con el fin de paliar el incremento de los costes de producción derivado de la actual situación económica internacional.
PHOTO FRANCOIS DESTOC / LE TELEGRAMME LORIENT (56) arrivée d une campagne de peche au thon au port de pêche de Keroman poisson
Las organizaciones de productores de atún congelado y ultracongelado han reaccionado a la cláusula del reglamento de control de la Unión Europea y aprovechan un estudio que se ha encargado para denunciar la limitación al 10% el margen entre el volumen de atún consignado y el desembarcado. Orthongel, de Francia, la organización de productores de atún congelado y ultracongelado, vuelve a dar la voz de alarma ante «la imposibilidad de las empresas de aplicar la cláusula del reglamento de control de la Unión Europea relativa al margen de tolerancia en las estimaciones de capturas y desembarcos por especies». Esta cláusula exige un margen del 10% por especie entre los volúmenes de atún registrados a bordo y los desembarcados y, según los profesionales, es inaplicable, colocando «a las navieras en una situación involuntaria de infracción sistemática». Orthongel encargó a la empresa Rinzen, especializada en análisis económico, la evaluación del impacto socioeconómico de esta normativa en la pesquería. Este estudio indica que de los 1.600 puestos de trabajo franceses directos e indirectos del sector, 500 se verían amenazados en 2025, y las tres empresas navieras (CFTO, Sapmer, Via Océan) podrían desaparecer en 2026, «si no se adapta la normativa».ha
La federación francesa de la industria atunera Orthongel mantiene que las regulaciones de control de la UE podrían hacer que la flota quede fuera del negocio. Por ello, Europêche ha declarado que el resto de operadores de túnidos tropicales de la UE, es decir, la flota atunera española de cerco también se puede ver perjudicado.
Según Europêche, el peso de la regulación que se aplica solo a los buques de la UE y no a los de otras naciones podría ser suficiente para detener las operaciones de los cerqueros atuneros de la UE en los océanos Índico y Atlántico en muy pocos años.
El meollo del problema es la dicotomía según la cual los patrones deben proporcionar una evaluación precisa del volumen y la composición por especies de cada captura de atún, mientras que también se espera que transfieran esas capturas a los tanques de congelación lo más rápido posible, como es requerido para embarcaciones que operan en aguas que están por encima de 30°C.
Esto presenta dificultades, ya que solo hay minutos para que se realicen estas evaluaciones de especies que son notablemente similares en apariencia, y existen sanciones significativas por equivocarse.
Actualmente se están estudiando soluciones tecnológicas para abordar este problema, pero llevará varios años desarrollarlas.
“Por eso la flota atunera tropical solicita poder aplicar este margen de tolerancia del 10% no por especie sino sobre el total de la captura a bordo. Si bien el Parlamento Europeo ha adoptado una posición que tiene en cuenta las características específicas de las operaciones de pesca en la pesquería de cerco, la Comisión Europea se niega a flexibilizar la norma”,dijo la directora del Europêche Tuna Group, Anne-France Mattlet.
“Como consecuencia, las embarcaciones y los patrones están siendo sancionados una y otra vez, acumulando puntos en sus licencias. Esto conducirá inevitablemente a la suspensión de las licencias de pesca y la inmovilización de los buques de la UE. Mientras tanto, los buques extracomunitarios seguirán faenando ya que no están sujetos a las mismas normas de control, ambientales, sanitarias y sociales. Algunos países no pertenecientes a la UE ni siquiera aplican los límites de captura decididos a nivel internacional”.
Orthongel encargó al especialista en análisis económico Rinzen que evaluara las consecuencias socioeconómicas de esas sanciones. El veredicto es inequívoco: si nada cambia, para 2026, el peso de estas sanciones hará que la pesca sea antieconómica, con la desaparición de 1600 puestos de trabajo franceses como resultado.
Europêche afirma que estas conclusiones se aplican igualmente a la flota española, ya que las duras sanciones impuestas por las autoridades españolas obligan a muchos barcos a permanecer amarrados durante más de dos meses, lo que pone en peligro 2500 puestos de trabajo españoles.
“La situación podría ser aún peor, ya que el estudio no considera los crecientes costos de los combustibles ni el déficit acumulado durante el COVID. Incluso durante estos períodos de crisis, los atuneros de la UE siguieron pescando, sin poder generar ganancias, para abastecer a las fábricas de conservas y mantener el empleo”, dijo Anne-France Mattlet.
“Este es un efecto directo de la imposibilidad de que la flota de túnidos tropicales de aguas lejanas de la UE cumpla con esta regla. El Europêche Tuna Group está presionando para tener un margen de tolerancia del 10 % para toda la captura, al menos hasta que la tecnología pueda resolver la complicada clasificación de los túnidos tropicales por especies”.
La asociación atunera AGAC se ha convertido en la primera flota en el mundo en certificar simultáneamente capturas de túnidos tropicales en todas las regiones oceánicas: Atlántico, Índico y Pacífico oriental y occidental. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presidido el acto de entrega del certificado hoy en la sede del MITECOTambién, ha estado presente Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca
Tras más de dos años de proceso de auditoría independiente, Marine Stewardship Council (MSC) anunció que la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores (AGAC) ha obtenido la certificación MSC para seis de los 12 stocks de túnidos tropicales analizados. AGAC ha conseguido la certificación para el atún rabil o de aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Pacífico oriental, occidental y en el Atlántico; para el atún listado (Katsuwonus pelamis) en el Pacífico occidental y en el Índico; y para el atún patudo (Thunnus obesus) también en el Pacífico occidental.
Además, es la primera pesquería que se certifica bajo el estándar de pesquerías de MSC para cerco en todas sus modalidades de pesca incluyendo banco libre y dispositivos de agregación de peces (DCPs o FADs, por sus siglas en inglés) en el océano Atlántico.
Un total de 44 barcos de la flota de AGAC capturan las especies certificadas: 12 barcos en el océano Atlántico; 14 barcos en el Índico, y 19 barcos en el Pacífico oriental y occidental. El volumen de capturas certificadas con MSC para todas las especies mencionadas anteriormente es de alrededor de 180 000 toneladas, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de las capturas de la flota asociada a AGAC y al 3% de las capturas mundiales de túnidos tropicales. La certificación MSC se ha conseguido en todos los casos para las capturas de cerco tanto a banco libre como sobre DCPs. Este logro es el resultado de varios años de trabajo y mejoras, incluido un Proyecto de Mejora de Pesquerías (FIP, por sus siglas en inglés) iniciado en 2016 y finalizado en 2020.
Las especies certificadas podrán llevar el sello azul de MSC tras haber demostrado la sostenibilidad de la pesquería una vez superado con éxito el más exigente proceso de auditoría pesquera respecto al Estándar de Pesquerías de MSC. Este estándar está ampliamente reconocido como el proceso de evaluación de la sostenibilidad de la pesca extractiva más riguroso y creíble del mundo y se basa en tres principios fundamentales: poblaciones saludables de peces; minimización del impacto sobre el medioambiente marino en su conjunto; y un sistema eficaz de gestión pesquera.
El proceso de certificación de esta pesquería comenzó en 2020 con el anuncio público y la presentación del primer informe preliminar Announcement Comment Draft Report (ACDR, por sus siglas en inglés). El proceso ha seguido todos los pasos de cualquier evaluación completa bajo el estricto Estándar de Pesquerías de MSC, incluyendo la revisión por pares, la visita de terreno, el proceso de presentación de alegaciones por parte de todas las partes interesadas y los distintos informes intermedios publicados en la web de MSC. La evaluación ha sido realizada por Lloyds Register (ahora LRQA). Los Informes Públicos de Certificación (PCR, por sus siglas en inglés) se pueden encontrar aquí: Índico, Pacífico Occidental, Pacífico Oriental y Atlántico.
AGAC ha mostrado un gran liderazgo entre otros implementando desde 2012 un Código de Buenas Prácticas (CGP, por sus siglas en inglés) para abordar los impactos en las especies no objetivo, incluyendo la adopción de DCPs no enmallantes antes de que este requisito fuera obligatorio en algunas Organizaciones Regionales de Pesca. El cumplimiento del CGP es verificado anualmente por la organización científica independiente AZTI[1]. Todas las empresas y buques incluidos en la certificación se han adherido a este Código de Buenas Prácticas vinculante.
La pesquería ha logrado grandes avances para reducir el impacto de los DCPs en hábitats vulnerables y el ecosistema al encabezar la transición a DCP biodegradables y no enmallantes y, también, al monitorear esta transición a través del programa de observadores. Para la verificación de la aplicación del CGP, AGAC de manera voluntaria ha establecido cobertura del 100% de observadores tanto físicos como electrónicos. Esto confiere una gran robustez a los datos científicos independientes recogidos. Además AGAC, está trabajando en varios proyectos piloto para desarrollar FADs biodegradables en todos los océanos[2]. y tiene en marcha otras iniciativas, como por ejemplo de desarrollo de dispositivos para mejorar la liberación de fauna asociada.
AGAC comenzó la evaluación completa en 2020 para las cuatro regiones oceánicas. Todas las capturas de esta flota en todos los océanos se han sometido a evaluación para obtener el mejor detalle posible de la situación de cada stock. Este proceso global ha conferido una información inigualable sobre el estado de sostenibilidad de todos los stocks de túnidos tropicales en todo el mundo. Algunas de esas Unidades de Evaluación mostraron que, como se esperaba, los stocks aún no se encuentran al nivel que requiere el Estándar de Pesquerías de MSC. AGAC implementará un plan de acción para resolver las debilidades identificadas en los stocks que se certificarán y también de manera voluntaria implementará un plan de acción para resolver las debilidades en los stocks que aún necesitan mejorar.
La Teoría del Cambio que promueve MSC, se ha hecho realidad gracias al trabajo de los más de 2 000 marineros que trabajan a bordo de la flota de AGAC que han aportado ideas y soluciones eficaces y a la inversión de más de 17 millones de € que las compañías armadoras han invertido, para hacer posible el cambio en la mar de las técnicas que han hecho esta pesquería certificable por MSC.
“De entre todas las actividades de la “economía azul”, la pesca sostenible ocupa un lugar privilegiado: debemos enmarcarla como parte de nuestros equilibrios con los ecosistemas marítimo-costeros y diferenciarla de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada y de la sobrepesca, que constituyen graves amenazas para la salud del océano. Luchar contra estas amenazas significa también visibilizar y premiar a quienes entienden la sostenibilidad y el cuidado del medio como una apuesta de futuro.”
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
“Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación valoramos muy positivamente esta acción de la asociación atunera AGAC que refuerza el compromiso de su flota con la sostenibilidad y está plenamente alineado con los objetivos de la Política Pesquera Común. No cabe duda de que iniciativas como esta, contribuyen a consolidar el liderazgo de España en la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos, en particular en lo que se refiere a un recurso como el atún, tan importante para el abastecimiento alimentario de nuestra población.”
Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca.
“Los pescadores de AGAC y las compañías armadoras, son los primeros interesados en mantener el buen estado de los recursos de los que depende nuestro medio de vida y por eso, conseguir la certificación MSC después de tanto trabajo, inversión y esfuerzo por parte de toda la familia de OPAGAC-AGAC, nos anima a seguir trabajando para que el resto de las poblaciones de atún tropical alcance el nivel de sostenibilidad que nos permita seguir pescando para alimentar a la humanidad de manera sostenible.”
Julio Morón, director gerente de AGAC.
“La certificación de la flota de la asociación AGAC es un hito para la sostenibilidad del atún, tanto por el número de barcos involucrados, las operativas de pesca consideradas y las diferentes poblaciones de atún analizadas de manera simultánea. Felicitamos a AGAC por esta década de trabajo exhaustivo para demostrar las mejores prácticas en la pesca del atún y por su compromiso a largo plazo por preservar este importante recurso. Esperamos que este importante paso de la flota atunera de AGAC, sea respaldado por la cadena comercial y los consumidores, eligiendo el atún certificado con el sello azul.”
Laura Rodríguez, directora de MSC para España y Portugal.
Los acuerdos de pesca que mantiene la UE con Africa han experimentado una evaluación que Mauritania quiere dar mayor valor al producto en el propio país y, con Guinea, reclama asesoramiento en acuicultura.
Anaïs Demaille, jurista adscrita al área de negociaciones comerciales y acuerdos de asociación para la pesca sostenible de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-Mare), en la jornada sobre «La dimensión social en los acuerdos de pesca en África del oeste organizada por Anacef (Asociación Nacional de Buques Cefalopoderos)» remarcó el cambio en materia social y la importancia creciente del aspecto social de los acuerdos en los últimos suscritos.
Una perspectiva que, sin duda, cobrará más peso en pactos sucesivos. Lo advirtieron en ese foro los representantes de los países con los que la UE tienen acuerdos de asociación pesquera, como Mauritania, Guinea Ecuatorial y Guinea Bisáu, que ayer hicieron un repaso las mejoras que han traído los pactos de colaboración y los que deberán traer en el futuro.
Mauritania, que aprendió a pescar de manos de los comunitarios, principalmente gallegos, ya advirtió de que el nuevo protocolo tendrá que recoger el compromiso de transformar y dar valor añadido a las capturas en el propio país. Y como ya han aprendido a pescar, ahora necesitan aprender a cultivar. El asesoramiento en el despegue de la acuicultura es otra de las condiciones que podrán los países africanos, como Guinea y Mauritania, a cambio de abrir sus aguas a la flota comunitaria.
Bisáu se encuentra en un otro estadio. Sin apenas barcos de pesca y todavía menos infraestructuras para desembarcar, sus demandas van más en el sentido de lograr franquear las puertas del mercado comunitario. En este sentido, Henrique António Da Silva, administrador de Bissau Pesca e Serviços, puso énfasis en la «paradoja» de que su país no pueda exportar sus productos pesqueros a la Unión Europa, «pese a que sí puede hacerlo nuestro país vecino, con lo que son los vecinos que se benefician de este extremo».
. Una idea que ya adelantó en la inauguración de la jornada el ministro de Pesca de Bissau, Orlando Mendes, quien pidió un sello para las capturas realizadas en sus aguas, que les permita vender en la Unión Europea y no perder los ingresos que reportarían esa comercialización. A los cargos de alta responsabilidad en la política pesquera de España y de los países africanos se unieron armadores, expertos juristas y representantes de los trabajadores con el fin de conocer el punto exacto en el que se encuentra tanto la legislación como la puesta en práctica de esta cláusula de dimensión social. Y precisamente fue en la exposición de Anaïs Demaille, jurista Unidad B3.
Negociaciones comerciales y acuerdos de asociación para la pesca sostenible de la DG Mare, donde quedó patente el cambio en materia social y la importancia creciente de este aspecto en los últimos convenios suscritos. Algo en que se mostró de acuerdo Juan Manuel Trujillo, responsable de Pesca de Comisiones Obreras y Presidente de la sección de Pesca de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), quien destacó las ventajas de apostar por un modelo social, al tiempo que destacó la contribución de la Norma Anacef a la sostenibilidad regulando aspectos como la remuneración a los trabajadores, las horas de descanso, la atención médica y la seguridad y salud en el trabajo. Trujillo defendió la responsabilidad social del propietario del buque, poniendo como ejemplo a la OPP43 y apostó por una Comisión Europea “preocupada de la misma forma por la sostenibilidad del medioambiente que de la parte económica y social”.
Otro de los aspectos tratados en la sesión fue el de la formación, una acción incluida dentro de la cláusula social y que es de vital importancia para las tripulaciones, sobre todo los profesionales de los países de África del Oeste. En esta línea, Alesandre Rodríguez, secretario del Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia, recogió el guante de Anacef y solicitó la posibilidad que las organizaciones de productores puedan incluir esta formación dentro de las acciones de sus planes de producción financiados por la UE. Práctica pesquera sostenible
Al equilibro de la actividad y a la seguridad en el trabajo, como dos de los importantes aspectos sociales de la pesca se refirieron en el acto de inauguración el presidente de la OP Anacef, Francisco Freire, y el director de Casa África, José Segura. Freire defendió los acuerdos de pesca “porque son un instrumento de cooperación fundamental para garantizar una práctica pesquera sostenible, estoes, una actividad que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de los recursos marinos y el bienestar social”. Por su parte, José Segura apostó por una colaboración conjunta para minimizar los riesgos del trabajo en el mar y recordó, con datos oficiales de la UE, que entre 2011 y 2022 se perdieron en el mar un total de 180 buques :“Todos debeos minimizar los riesgos y evitar que se produzcan más accidentes por lo que la protección se debe e incluir siempre en los acuerdos de pesca”.
Los dos directores de la Secretaría de Pesca apoyaron la jornada
Ignacio Gandarias, director general de Ordenación Pesquera, e Isabel Artime, directora general de Pesca Sostenible, participaron en la inauguración y clausura de la jornada celebrada en Las Palmas. Si Gandarias destacó el papel de organizaciones como Anacef en el buen desarrollo de los acuerdos pesqueros, Artime reconoció los avances realizados en materia social en relación a estos convenios y recordó que varios de ellos están a punto de expirar. También intervino en la apertura de la jornada el viceconsejero de Sector Primario del Gobierno Canario, Álvaro de la Bárcena, quien destacó la importancia del tema elegido por la Organización de Productores, así como la calidad de todos los ponentes. Por último, Juan Martín Fragueiro, director gerente de Anacef, recalcó la transcendencia de la dimensión social de la actividad, destacando que la misma se inicia a bordo de la propia flota para alcanzar aplicaciones vitales para el desarrollo de los países cuyos caladeros acogen a la flota europea, en su mayoría española. Por tanto, animó a todos los participantes, tanto por parte de las administraciones como de las organizaciones, a seguir trabajando conjuntamente para mejorar estos tratados.
Un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Oregón ha puesto en marcha un proyecto de investigación para estudiar el uso de subproductos del pescado para el consumo humano. El reto de la industria alimentaria actual es encontrar nuevas estrategias para satisfacer las necesidades de una población mundial cada vez más numerosa.
El Centro de Investigación y Educación sobre Mariscos de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) y el Centro Científico Linus Pauling han iniciado un proyecto de investigación para estudiar la utilización de subproductos del pescado para el consumo humano.
El proyecto de ocho años de duración, iniciado por uno de ellos, ya ha permitido a los investigadores identificar un gran potencial en el uso del subproducto rico en proteínas en la lucha contra la malnutrición.
El objetivo del estudio es transformar los subproductos del pescado en proteínas comestibles para el ser humano. El equipo, formado por profesores y estudiantes, está trabajando con el abadejo de Alaska y el merlán del Pacífico. La primera fase del trabajo tiene como objetivo desarrollar un método de extracción de proteínas a partir de materiales subproductos. Durante la investigación se utilizarán todas las piezas de desecho, incluida la columna vertebral.
En general, la idea no es vista con gran entusiasmo por los consumidores, ya que los subproductos del pescado suelen desecharse o utilizarse para la producción de harina de pescado o fertilizantes. Pero los consumidores, por otra parte, tienen que empezar a considerar lo que es mejor para el futuro e importante para la comunidad mundial en su conjunto. La explotación de los subproductos beneficiará a toda la población.
