El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto hasta final de mes una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca, que reforzará la figura de los inspectores con el fin de frenar el flujo de capturas ilegales.

El proyecto legislativo forma parte de la revisión de la normativa pesquera, que ya emprendió el Gobierno en la anterior legislatura, cuando impulsó la nueva Ley de Pesca Sostenible.

El objetivo del anteproyecto sometido a consulta pública es revisar los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la Política Pesquera Comunitaria (PPC).

El MAPA pretende, además, reforzar la figura de los inspectores de pesca y demás personal habilitado para el ejercicio de labores de control e inspección para optimizar su trabajo, según el texto de la consulta.

«El objetivo es impedir que los buques que practican la pesca ilegal utilicen puertos para desembarcar sus capturas y frenar el flujo de productos pesqueros derivados de este tipo de pesca hacia los mercados nacionales e internacionales», de acuerdo con el MAPA.

En cuanto a la sanciones, el futuro proyecto de ley persigue racionalizar, simplificar y actualizar el régimen de infracciones y penalizaciones, para adecuarlo a la nueva normativa comunitaria.

«Asimismo, mediante la revisión del régimen sancionador, se pretenden definir con mayor concreción los criterios sancionadores, las sanciones y el procedimiento de ejecución de las mismas, a efectos de dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica» y de elevar la protección de los mares, según el texto de la consulta.

Las oenegés Oceana, Seas at Risk y Marine Conservation Society han lanzado una ofensiva contra el sector de arrastre y vuelven a reclamar que a finales de este año se prohíba en aquellas zonas «con características ecológicamente importantes del fondo marino» y en el 2030, en todas. Sin plazos, la demanda la suscribe para Francia la oenegé Bloom.

Por otra, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) relativiza las consecuencias para los arrastreros. Por si fuese poco, la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV) de la Comisión Europea insiste en cumplir en el 2030 el objetivo de la Estrategia de Biodiversidad y crear áreas protegidas en el 30 % de las aguas comunitarias. La flota se defiende advirtiendo que peligran el suministro de alimentos y miles de empleos, con el consiguiente impacto socioeconómico.

«Se deben establecer medidas de gestión pesquera en todas» las áreas marinas protegidas, recuerda Bruselas tras constatar que las hay en el 12 % del mar europeo, pero estrictas solo en el 1 %. Organizaciones como la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) informan a sus asociados de que ese organismo comunitario aboga por preservar de modo riguroso praderas marinas, ecosistemas ricos en carbono y áreas de desove y cría de peces. Ateniéndose a las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismos comunitarios podrían considerar compatible la pesca en esas zonas si «no tiene un impacto negativo en los procesos naturales», explica EBFA a sus miembros. 

Campaña de tres oenegés

Mientras en distintos organismos europeos se analiza la eficacia de las vedas estrictas para proteger la biodiversidad, el estado ambiental de los fondos marinos o la conservación de aves y hábitats, Oceana, Seas at Risk y Marine Conservation Society acaban de lanzar una campaña «pidiendo a la UE medidas más duras contra los países que todavía permiten la pesca de arrastre de fondo en sus áreas protegidas». Legalmente, esos pesqueros faenan «en el 90 %» de ellas, sostienen. Estas tres oenegés esgrimen el informe «histórico» del ICES, según el cual, prohibir el arrastre de fondo en el 30 % del mar del Norte, el Céltico y el Báltico, reduciría las capturas anuales de esa flota entre «el 0,1 y el 6,6 %, con beneficios considerables para los ecosistemas». El ICES no estima el impacto en el golfo de Vizcaya ni en aguas ibéricas «debido a deficiencias en los datos».

Frente a esos argumentos, la flota alega que el dictamen del ICES parte de una consulta de la DG ENV que podría condicionar la respuesta, ya que pregunta «cómo restringir aún más» el arrastre de fondo. También aduce que echarlo de esas zonas provocaría el desplazamiento a otros caladeros. Citando un informe del Comité Científico Técnico de la Pesca (STECF, por sus siglas en inglés), cifran en 13.000 los pesqueros que faenan dentro de las AMP. Invocan otro de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca «que sugiere» que cerrar el 10 % de las zonas sensibles tendría un impacto anual de «870 millones» en la flota y actividades asociadas, lo que «podría traducirse en la pérdida de 2.900 puestos de trabajo». 

Afectaría más en el litoral

Crítica con las oenegés porque «no se molestan en analizar estos temas», desde la EBFA reclaman «una estrategia de protección ambiental que se centre más en la innovación que en la eliminación de la actividad pesquera, y preste la misma atención a los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, social y económico». Entre otras razones porque prohibir el arrastre en las áreas marinas protegidas «afectaría desproporcionadamente a diversas flotas, en particular a las que operan cerca de la costa». Cuando la UE ya depende de las importaciones para suministrar siete de cada diez pescados que consume su población, la flota incide en que, expulsar al arrastre de las AMP, «no haría más que agravar el problema, ya que el vacío del mercado se llenaría con pescado de arrastre de fondo procedente de terceros países, con estándares de sostenibilidad más bajos».

El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores Pesca España, presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche) y presidente además la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) Javier Garat, ha participado en nombre de la última asociación en un acto paralelo organizado por la Oficina Europea de Conservación y Desarrollo (EBCD) con el título: «Seguridad alimentaria: El papel de los alimentos azules acuáticos sostenibles en la transición verde», en el marco de la Conferencia Our Ocean que se está celebrando en Atenas, Grecia.

Según Garat, «en la Conferencia Our Ocean he oído hablar mucho de protección, degradación, salvar los océanos, AMP, zonas de no captura, etc., pero demasiado poco de las personas, del uso sostenible de los recursos naturales, de la gestión sostenible, de los medios de vida, de los alimentos azules, de alimentar al mundo o del empleo».

👉 Sin un enfoque equilibrado, la gente se muere de hambre;

👉 La gestión activa de la pesca funciona, las líneas en un mapa no;

👉 Y la Economía Azul no puede ser más verde.

Garat solicitó una gestión eqiuilibrada «porque en caso contrario la gente se morirá de hambre sin un enfoque equilibrado». A medida que la población mundial sigue creciendo, garantizar un suministro estable de alimentos es una tarea global crítica. El suministro de productos pesqueros procedentes de los océanos de la Tierra, que cubren el 70% del planeta, es un componente importante de la seguridad alimentaria mundial para proporcionar productos pesqueros sostenibles y de alta calidad tanto a las generaciones actuales como a las futuras. «Es importante , por ello, lograr un equilibrio entre la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria».

Por otro lado, Garat, en defensa del sector pesquero dijo que «tenemos que tener en cuenta que oímos hablar mucho de reducción del esfuerzo pesquero, reducción de la producción pesquera y muchas promesas de un futuro mejor para los pescadores, pero no hablamos de dónde vendrán esos alimentos, cuántos alimentos se necesitan, cómo se producirán y el impacto medioambiental que tendrán».

Por otro lado aprecia que «la a gestión eficaz de la pesca es la herramienta más poderosa para proteger la salud de los océanos al tiempo que se fomenta el desarrollo humano. Centrarse únicamente en crear zonas marinas protegidas sin tener en cuenta el uso sostenible de los recursos marinos y las necesidades de las comunidades costeras puede tener efectos perjudiciales para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.

Me gustaría señalar el papel de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OECM) como instrumento eficaz de colaboración intersectorial entre la pesca y la conservación de la biodiversidad.

«La economía azul no puede ser más verde«:«

El sector pesquero se ha comprometido a participar activamente en la búsqueda de soluciones para hacer frente al cambio climático. «Es crucial reconocer que los productos pesqueros, con su baja huella de carbono y su valor nutricional esencial, desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos climáticos mundiales. La pesca puede ser parte de la solución para un futuro sostenible y saludable».

El ICFA subraya la importancia crítica de convocar a los responsables políticos, las ONG y el sector pesquero para desarrollar, en colaboración, soluciones pragmáticas y aplicables para abordar las seis áreas de interés identificadas en la Conferencia «Nuestro Océano».

La UE ha solicitado formalmente consultas con el Reino Unido en virtud del mecanismo de solución de diferencias del Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) entre la UE y el Reino Unido para abordar la cuestión.

Según informó la Comisión Europea en su comunicado, desde el 26 de marzo de este año, el cierre de la pesca del lanzón abarca las aguas inglesas del Mar del Norte y todas las aguas escocesas, y esta medida restringe «considerablemente» el acceso de los buques de la UE a esta pesquería.

Así, la UE cuestiona la compatibilidad del cierre total y permanente de la pesca del lanzón con las obligaciones del Acuerdo de Comercio y Cooperación, el cual incluye medidas para la conservación de los recursos marinos vivos.

El lanzón está incluido en las especies compartidas entre la UE y el Reino Unido, y contempladas en el ACC, al ser pescado en las aguas de ambos territorios.

La Comisión señaló que las relaciones entre UE y el Reino Unido, en el seno del ACC, han evolucionado de forma positiva, incluso en el ámbito pesquero, por lo que la Unión sigue abierta a alcanzar una «solución mutuamente aceptable» con el Reino Unido para solucionar esta cuestión.

La solicitud de consultas inicia ahora procedimientos bajo el mecanismo de resolución de disputas contemplado en el acuerdo, sin embargo, si estas consultas no llegaran a una solución satisfactoria en un plazo de 30 días (o más si lo aceptan ambas partes), la UE podrá reclamar un tribunal de arbitraje.

En virtud del ACC, en vigor desde el 1 de enero de 2021, y sus disposiciones contempladas en referencia a la pesca, la UE y el Reino Unido se comprometieron a garantizar que las actividades pesqueras de poblaciones compartidas en sus aguas debían ser, entre otros, sostenibles y basadas en asesoramiento científico.

En la actualidad, la UE y el Reino Unido captura el lanzón acorde al asesoramiento científico proporcionado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) a fin de pescar esta especie marina manteniendo niveles de población saludables.

La decisión del Reino Unido, en vigor desde el 26 de marzo de 2024, de cerrar la pesquería de lanzón en aguas inglesas del Mar del Norte y en todas las aguas escocesas ha suscitado dudas sobre su compatibilidad con los principios y obligaciones recogidos en el TCA. Este cierre limita significativamente el acceso de los buques de la UE a esta pesquería, lo que ha llevado a la UE a cuestionar su cumplimiento de las medidas acordadas para la conservación de los recursos marinos vivos.

En virtud del TCA, tanto la UE como el Reino Unido se han comprometido a aplicar medidas basadas en pruebas, proporcionadas y no discriminatorias para conservar los recursos marinos. La UE mantiene su compromiso de cooperar con el Reino Unido para alcanzar estos objetivos y trata de resolver el asunto de forma amistosa mediante consultas.

El eurodiputado danés Asger Christensen, una figura clave en la defensa de la acción de la UE, expresó su frustración por la decisión del Reino Unido, tachándola de incumplimiento del acuerdo del Brexit. Hoy mismo ha declarado: